Artículo 246. Estafa.

Artículo  246. Estafa. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado.

La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa hasta de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Descripción del Tipo:

SUJETO	Activo:Indeterminado singular.	Pasivo:Indeterminado singular.  Persona titular del patrimonio económico.
CONDUCTA	Verbo  Rector:  Obtener provecho ilícito
Modo: -Inducción a error o mantener a otro en error mediante artificios o engaños.  - Utilización de medio fraudulento para asegurar un determinado resultado.	Tiempo:No se presenta.	Lugar:No se presenta.
BIEN JURIDICO TUTELADO DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO TITULO VI CODIGO PENAL	Objeto Jurídico: -Patrimonio económico.	Objeto Material Personal: Persona quien fue inducida al error o mantenido en él.
Beneficio: Beneficio personal o para un tercero.	Finalidad: Provecho económico	Tentativa:  Sí admite
ELEMENTOS NORMATIVOS ·         Beneficio económico ilícito.
PARTICULARIDADES: ·         Tipo de Resultado. ·         Tipo de lesión. ·         Tipo mono-ofensivo.

 Doctrina/Jurisprudencia

        CASACIÓN N° 28693  diez (10) de junio de dos mil ocho (2008).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  -  SALA DE CASACIÓN PENAL

      Magistrada Ponente:  MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS

     En la celebración de contratos de naturaleza civil se puede incurrir en el delito de estafa. En este sentido la Corte desde la sentencia del 23 de junio de 1982[1] viene prohijado el criterio según el cual en esa clase de negocios jurídicos la mentira o el silencio de los contratantes pasa al campo penal cuando recaen sobre elementos fundamentales del convenio.

       El medio engañoso debe tener idoneidad para inducir en error a la víctima .…….. la estafa es un delito de inteligencia, que requiere el despliegue de actos hábilmente preparados y bien concebidos para revestir capacidad de inducir en error a la víctima

       Bajo tal perspectiva, entonces, si la persona pasible del engaño obra de modo ingenuo, torpe o negligente no habrá lugar a afirmar la existencia de estafa, porque una actuación prudente le hubiera bastado para salirse del error.

 “... Cambiando las expresiones anteriores, es válido admitir que el art. 356 se refiere tanto al encarecimiento de la mentira mediante palabras o sea, al engaño, como al dispositivo material con que se consigue de mejor manera lo que se pretende. Pero debe repetirse, la mentira ha de tener fuerza determinante, eficacia. Y para que sea eficaz es preciso examinar varios factores: el negocio de que se trata, las personas interesadas en él, su nivel intelectual y hasta sus necesidades actuales...

  “… De manera que, sólo cuando la víctima asume conjuntamente con otro una actividad generadora de riesgos (lo cual acá no ocurre), puede eventualmente imputársele el resultado a la víctima, siempre que esta tenga conocimiento del riesgo que asume. En consecuencia, si es el autor quien recorre la conducta descrita en el tipo penal (quien crea el riesgo), el resultado debe serle imputado a aquel y no a la víctima, pues ésta obra dentro del principio de confianza que le enseña que en el tráfico de las relaciones sociales el vendedor realizará el comportamiento en el ámbito de competencia que le impone la organización”[2].

      tratándose Colombia de una nación apenas en desarrollo, no puede pasarse por alto que todavía hay muchos sectores o grupos de personas como los campesinos e indígenas, que no han alcanzado un adecuado nivel académico e intelectual o viven en zonas alejadas donde, por su vida cultural, no tienen fácil acceso a los avances de la modernidad. En esos casos, sin que su enunciación quede agotada en las personas reseñadas, el Estado conserva la obligación de brindar una mayor protección para evitar que la condición de debilidad en la cual se encuentran sea aprovechada por otros como fuente de indebido lucro.

       Hablando en términos de la teoría de la imputación objetiva, implica que quien ostenta un nivel de preponderancia sobre alguien que, por su bajo grado académico, cultural o social, carece de suficiente capacidad para entender cabalmente los pormenores de un negocio jurídico, asume la posición de garante para la evitación de resultados dañosos cuando con su comportamiento ha generado un riesgo jurídicamente desaprobado, siempre que conociese las condiciones especiales del sujeto pasivo de la conducta. Solamente en esos casos, si no actúa de conformidad con la posición de garante que el ordenamiento jurídico le atribuye, le será imputable de manera objetiva el resultado.

Proceso 40669 (MP. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ)

2013

HECHOS:

     Los que encontraron demostrados los falladores de instancia se pueden resumir de la siguiente manera:

    El día 16 de julio de 2003, en el inmueble situado en la calle 6ª No. 9-33 del Espinal (Tolima), el señor Gabriel Ernesto Molina Lemus compró a HUGO PÁRAMO RODRÍGUEZ 4 litros del producto NOMINEE SC100, por la suma de $1.500.000, insumo destinado para labores de agronomía, pero que al pretender ser usado por el adquirente descubrió éste que en su interior contenía agua y que las tapas venían pegadas con pegadit.

  Casuística

Estando PEDRO ANTONIO VARGAS en la cárcel cumpliendo una condena de 5 años, uno de sus compañeros de celda le dice que le de $5’000.000 y que este lo saca de la cárcel; el le entrega la suma de $2’500.000 que le pide según el estafador, para darle al fiscal que lo sacaría de la cárcel y posteriormente le pidió los otros $2’500.000 restantes pero este nunca lo saco y cuando cumplió la condena este salió de cárcel y lo denuncio ante las autoridades competentes.